Vacas y caballos son sacrificados como sea

En el matadero de Repelón se encontraron restos expuestos directamente al suelo y una vaca lista para ser sacrificada.

Por GERMÁN CORCHO T. En los mataderos públicos de 18 municipios atlanticenses se siguen sacrificando vacas y caballos sin medidas ambientales, contaminando los suelos y comercializando carne no apta para el consumo, a pesar de las órdenes de cierre emitidas por la Corporación Autónoma Regional de Atlántico (CRA). “En todos, la clausura es definitiva. Del total de 20, excepto Camagüey y Frigoecol, que son privados, ningún matadero posee las condiciones fitosanitarias y ambientales necesarias”, aseguró el director de la entidad, Rafael Pérez. El artículo 307 de la Ley 9 de 1979 establece que el sacrificio de animales de abasto público solo podrá realizarse en mataderos autorizados por la autoridad competente. En contra de esta medida, en Atlántico operan ilícitamente los mataderos de Baranoa, Campeche, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Luruaco, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Repelón, Sabanalarga, Sabanagrande, Santa Lucía, Suan, Tubará y Santo Tomás. En estos, se sacrifican a diario alrededor de 200 reses, y otras 350 especies menores, entre caballos, burros, chivos, cerdos y carneros. La CRA llevó a cabo una investigación en la que se muestra una carnicería en vez de un proceso industrial que garantice productos de calidad. El estudio descubrió que, tras ser bajados de los camiones, tanto vacas como caballos no son sometidos a exámenes para conocer su estado de salud. Luego, reciben un 'monazo' en la frente y caen privados. Acto seguido, son degollados en el piso para que la sangre salga y no se dañe la carne. "Después de ser despresados, los pedazos son metidos en sacos que guardan en cajas de cartón y sin refrigeración son transportados a Barranquilla y otros municipios", explicó Pérez. "Los animales —agregó— deberían recibir en su cabeza una puya con una pistola de aire, para sufrir lo menos posible y evitar que la carne reciba altas cargas de adrenalina". Los incumplimientos en los mataderos también se extienden a las partes sanitaria y de infraestructura. La citada Ley indica que deben "ser construidas en material sólido, lavable, impermeable, no poroso ni absorbente, y resistente a la corrosión (...)". "Si el 80% de los mataderos trabajan indebidamente, también hallamos que el 80% de la carne que se comercializa en el Atlántico no es consumible", afirmó el director de la CRA.

UNA NUEVA PRÁCTICA Y MÁS DESPELOTES Ante la orden de cierre, los habitantes de Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera y Santo Tomás han denunciado que hay patios de casas y fincas que se están usando para el sacrificio de reses, el cual se aproxima a unas 50 diarias. En total, la CRA ha identificado 12 predios privados donde están realizando esta actividad en Repelón, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Usiacurí, Santo Tomas, Sabanagrande, Palmar de Varela, Ponedera y Puerto Colombia. En Polonuevo en vez de uno, funcionan dos. "Que los mataderos clausurados sigan funcionando y se efectúe la actividad en predios privados es responsabilidad de cada Alcalde", señaló Pérez. Rafael Fernández, mandatario de Sabanagrande, explicó que no puede cerrar el matadero porque está arrendado por la firma Galpelb Ltda., contrato que, según informó, fue firmado antes de su administración, iniciada este año. "Esta sociedad debe mantenerlo ambiental y físicamente funcionando. Significa que es problema de la empresa y la CRA. No obstante, no me han notificado del cierre", aseguró. El alcalde de Luruaco, Antonio Roa, aceptó que son los mandatarios quienes "debemos ponernos las pilas con el tema de los mataderos". El director de la CRA había anunciado, hace dos semanas, que trasladaría los 18 casos de cierre definitivos a la Procuraduría Agraria, para que dicho organismo juzgara disciplinariamente a los Alcaldes. "Podemos cerrar o sancionar los mataderos, pero no a los alcaldes, quienes no han tenido la voluntad y les ha faltado aplicar la autoridad necesaria para darle cumplimiento a estas decisiones sanitarias y ambientales, a fin de proteger la salud de la comunidad", puntualizó Pérez.

Pese a su anuncio, el procurador Agrario, Javier Lacouture, aseguró el pasado viernes que no había sido informado por la CRA sobre el funcionamiento ilegal de los mataderos, a pesar de la orden de cierre. "A mí no me han pasado el informe, para poder solicitar las explicaciones pertinentes a los Alcaldes que están permitiendo esas circunstancias", manifestó el representante del Ministerio Público.

¿Y salud pública qué está haciendo?

Al respecto de la denuncia hecha por la CRA sobre los 18 mataderos municipales que siguen funcionando sin permisos, la secretaria de Salud Departamental, Rocío Gamarra, dijo que, actualmente, la problemática está siendo manejada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

En ese sentido, el Procurador Agrario, Javier Lacouture, informó que el Invima viene haciendo visitas a los mataderos. "No me han notificado sobre plantas de abasto cerradas que sigan funcionando", aseguró.

EL HERALDO quiso conocer el pronunciamiento del coordinador regional del Instituto, Luis Perea, pero no fue posible ubicarlo.