23 diciembre 2009
03 diciembre 2009
Bienvenida la U.N. sede Cesar
EDITORIAL
28 noviembre 2009
Millonarias pérdidas afrontan aguacateros de los Montes de María por hongo en cultivos
Luego de superar paulatinamente la terrible ola de violencia que, hasta el año 2005, azotó la región de los Montes de María y que contribuyó a demás del desplazamiento, con la quiebra total de agricultores y ganaderos, ahora los campesinos que derivan su sustento del aguacate afrontan millonarias pérdidas por el hongo Phytophthora cinnamomi rands.
"Después de un estudio realizado por el ICA, es un hongo el que está acabando con los cultivos de aguacate. En San Jacinto, El Carmen y Ovejas hay 2 mil hectáreas muertas, totalmente devastadas y 700 hectáreas amenazadas".
"La producción estaba en el 2003 en el Carmen de Bolívar por encima de los 74 millones de frutos y se ha bajado en 40 millones. Calculamos pérdidas de 9 mil toneladas, unos 12 mil millones de pesos, solo en el Carmen de Bolívar", dijo a EL TIEMPO Zenón Arias, presidente de la Asociación de Productores de Aguacate del Carmen de Bolívar.
Agregó, que ante el avance del hongo han gestionado ayudas.
"Las ayudas las estamos recibiendo por parte del Gobierno Nacional en cabeza de Acción Social, quien a su vez está enlazado con Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que ha gestionado recursos mediante el programa PBA (Plan de Beneficio Animal)", aseguró el líder campesino.
Para contrarrestar el devastador accionar del hongo, el ICA y Acción Social iniciaron un plan piloto en la región, con 250 familias que derivan su sustento del cultivo de aguacate.
"Es la implementación de un plan piloto de manejo fitosanitario que existía desde el año pasado, pero no se habían conseguido los recursos este fue un estudio iniciado por la Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) del Carmen de Bolívar y el ICA y lo que hicimos fue alinear con recursos de cooperación y de las gobernaciones de Sucre y Bolívar. A la fecha se están invirtiendo 980 millones de pesos", explicó Carlos Vargas, coordinador del Centro de Fusión de los Montes de María de Acción Social.
Puntualizó que se busca efectuar una evaluación de los resultados en los meses de marzo y abril del próximo año.
"De acuerdo con lo satisfactorio que sean, se asignarán más recursos para beneficiar a más familias de la región Montes de María, que tienen esperanza en que sus cultivos de aguacate vuelvan a recuperarse. Así como las producciones de antaño".
LUZ VICTORIA MARTÍNEZ
Especial para EL TIEMPO
SINCELEJO
Venezuela ‘seduce’ a estudiantes colombianos
Bogotá D.C., Nov. 04 – Agencia de Noticias UN– Ante la falta de apoyo del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Popular del Cesar (UPC) se vio obligada a buscar convenios con universidades extranjeras para elevar los estándares de calidad de sus docentes.
La mayoría cursa programas de posgrado en La Universidad del Zulia (Venezuela) y paga con fondos de su propio bolsillo.
Asdrúbal Rocha Lengua, de 42 años, es docente de tiempo completo en la Universidad Popular del Cesar desde hace doce años. Además, ejerce la jefatura de la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario y la dirección de la cátedra de Formulación de Proyectos.
A pesar del notable ascenso en su carrera, Rocha se sentía inconforme. “Terminé mi Especialización en Proyectos en la Universidad del Norte (Barranquilla) en el 2000 y no había estudiado más. Con el paso del tiempo me sentía rezagado, en una rutina en la que dictaba siempre las mismas clases, no investigaba ni renovaba mis conocimientos”, afirma el profesor, oriundo de Valledupar.
El maestro decidió estudiar un nuevo posgrado. Sin embargo, los altos costos de las maestrías en otras universidades cercanas como la de Cartagena y la del Norte, sumado a la falta de alternativas de programas en la propia UPC, obligaron a Rocha a voltear su mirada hacia Maracaibo (Venezuela).
Desde hace dos años, la UPC firmó un convenio de cooperación con La Universidad del Zulia (LUZ) a nivel de posgrados, con el objetivo de ofrecer a su planta docente una mejor preparación personal y para elevar los estándares de calidad educativa de la institución.
“Tuve dudas por lo que se dice en los pasillos acerca de la calidad de la educación en Venezuela, pero una vez llegué allá investigué y descubrí todo lo contrario. La educación superior en este país tiene categoría. De manera que sopesé la ventaja de la parte económica y me decidí por hacer la maestría en La Universidad del Zulia. Cuando empecé valía entre 80.000 y 90.000 pesos un semestre, mientras que acá en el país costaba entre 10 y 11 millones de pesos”, dijo Rocha.
Con respecto a las demás universidades del Caribe, el rector de la UPC, Aldo Barrera, señaló que uno de los atractivos del país vecino es que sus instituciones educativas ofrecen una amplia gama de programas de posgrado. “En la UPC, por ejemplo, se llega apenas hasta especialización”, manifestó.
Así mismo, el transporte resulta más accesible porque el pasaje de Valledupar a Barranquilla o Cartagena cuesta en promedio 100.000 pesos y el trayecto se demora cinco horas, mientras que a Maracaibo se gasta el mismo tiempo y el valor es de 60.000 pesos.
Límites a la calidad
La UPC cuenta con siete especializaciones propias y ocho en convenio. Las más destacadas son en las áreas de salud y finanzas. De hecho, con la Universidad Nacional de Colombia existen cuatro programas en Derecho: Instituciones Jurídico Políticas, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Penal.
“A través del SUES (Sistema Universitario Estatal), se han hecho alianzas entre las siete universidades del Caribe para presentar de manera conjunta propuestas de maestrías y doctorados. Gracias a ello, tenemos tres maestrías: en Ambiental, Educación y Física. Además, nos acaban de aprobar el Doctorado en Medicina Tropical”, dijo Aldo Barrera, rector de la UPC. A pesar de este logro, el desarrollo de los programas de posgrado debe enfrentar la falta de laboratorios, personal calificado e infraestructura, lo cual limita también la ampliación de la oferta.
“El Ministerio de Educación tiene una posición contradictoria porque, por un lado, le exige a las universidades condiciones mínimas de calidad, pero, por el otro, limita los presupuestos para cada una de ellas. En el año 2003, cuando la UPC tenía 3.000 estudiantes, le dieron un presupuesto base para incrementarlo, de ahí en adelante, de acuerdo con el índice de inflación y no con base en el incremento del número de estudiantes y de programas”, explicó Barrera.
“Así, la universidad antes dividía lo que le daba la Nación para 3.000 estudiantes y ahora lo tiene que hacer para 14.000. Nosotros recibimos en promedio cerca de $1.300.000 por alumno, mientras que otras, como la Universidad Nacional, por ejemplo, reciben cerca de $18.000.000. La política del Gobierno actual de hacer más con lo mismo no le permite a la UPC aumentar sus estándares de calidad, nombrar docentes de planta e invertir en infraestructura y laboratorios”, agregó el directivo.
A espaldas de la clase política
Una de las principales falencias que destacan las directivas de la UPC es el bajo porcentaje de profesores de planta, que alcanza apenas el 25 por ciento. “El Ministerio le exige a las universidades ampliar su cobertura, pero si se abren programas sin poner docentes calificados y sin laboratorios especializados, se está sacrificando la calidad”, enfatizó el Rector de la UPC.
“En el concierto nacional, la UPC es la que recibe menos transferencias por estudiante, a pesar de que tiene 14.000. La Universidad de Córdoba, que tiene 8.000 alumnos, recibe tres veces más. La de La Guajira obtiene el doble. Esto no solo tiene que ver con indicadores, obedece también a que no se cuenta con una clase política en el Senado de la República que vele por los intereses de la universidad”, aseguró por su parte Asdrúbal Rocha, jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo de la UPC.
“Por ejemplo, nosotros le destinamos al área de la investigación apenas 500 millones de pesos anuales, mientras que otras universidades le apuestan al menos 2.000 millones al mismo rubro. Tenemos un rezago de 3 ó 4 años de construcción de salones y atiborrada a la gente en las aulas”, enfatizó el docente.
Gracias a que la UPC es una universidad de frontera, ha podido suplir las carencias ocasionadas por la falta de apoyo del Ministerio de Educación. El convenio con La Universidad del Zulia les da la oportunidad a los profesores de cualificarse con costos más económicos, y hasta el momento se encuentran vinculados cuatro doctores y se han mejorado los indicadores de gestión. Así, se espera que las transferencias para el próximo año sumen al menos 700 millones de pesos.
Las ventajas de La U. del Zulia
La Universidad Popular del Cesar se creó en 1976 y comenzó a funcionar en el segundo periodo de 1977, con cuatro programas: Administración, Contaduría, Enfermería Superior y Licenciatura en Matemáticas y Física. Actualmente, la institución posee 24 programas distribuidos en seis facultades: Administrativa Contable y Económica, Educación, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Derecho y Bellas Artes.
Desde que se firmó el convenio con La Universidad del Zulia en 2006 y se puso en marcha en 2007, alrededor de 250 profesores y egresados han participado en los programas de maestría, doctorado y posdoctorado de la institución vecina.
Las clases se dictan únicamente los fines de semana, con el propósito de que los docentes colombianos puedan ejercer sus labores de lunes a viernes y viajar tranquilamente.
“Por ser universidad de frontera facilita el trámite de la visa para los estudiantes. Así mismo, la Gobernación del Zulia los exonera del pago del impuesto de entrada al país”, afirmó Leonor Castrillo, coordinadora del convenio LUZ-UPC a nivel de posgrado.
El convenio también les permite a los estudiantes de la UPC acceder a otros programas que LUZ tenga con otras universidades extranjeras. Por ejemplo, dentro de un mes empieza el Doctorado en Administración de Empresas con la Universidad Complutense de Madrid. Hay cuatro cupos para miembros de la UPC.
“El chavismo se está llevando cerebros”
Pero todos estos favores tienen su propia lectura desde otro punto de vista. Según el analista internacional Enrique Serrano, la Venezuela de hoy hace un uso geopolítico deliberado de sus ventajas frente a Colombia: “Brinda educación superior subsidiada y dotada de beneficios evidentes para estudiantes colombianos de áreas fronterizas, traspasando aliados del lado colombiano a una región en donde su desempeño político ha sido tradicionalmente deficiente”.
De este modo, argumenta Serrano, “el chavismo logra llevarse cerebros importantes del Cesar a su país y, al tiempo, convertirlos en aliados ideológicos naturales para sus propósitos binacionales, y para arrastrar familias y nuevos migrantes y desnacionalizarlos como colombianos para venezolanizarlos”.
Según el analista, el Gobierno venezolano logra tres propósitos al mismo tiempo: “Se lleva profesionales clave que tienen una deuda moral y material con el gobierno que les da tales beneficios, crea vínculos fuertes con muchas familias de la frontera para la exportación de su causa bolivariana en Colombia y, además, consigue aliados extra en Venezuela para mantener a raya a la fuerte oposición del estado de Zulia”.
(FIN/FTL/FEB)Nº 912
Algo nefasto en la UPC
La sede Caribe de la Universidad Nacional estaría en La Paz
La Gobernación del Cesar presentó un proyecto de ordenanza donde pide a los diputados que autoricen al mandatario Cristian Moreno Panezo para que ordene la compra de un terreno de 40 hectáreas, que luego entregará a la Universidad Nacional de Colombia, para que construyan una sub sede en la Región Caribe.
El proyecto está radicado bajo el número 00046 de noviembre de 2009.
El lote sería adquirido en el municipio a La Paz y estaría ubicado entre el puente Salguero y la entrada al casco urbano de esa población, a un lado de la vía.
“Allí se construiría la Ciudadela de la sub sede de la Universidad Nacional de Colombia, la que es pretendida por varios departamentos de la Costa, entre ellos La Guajira, Bolívar y Atlántico”, expresó el diputado Ricardo Quintero Baute, quien analiza la propuesta con mayor atención, como miembro de la Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público.
La propuesta fue socializada con funcionarios de la Universidad Nacional, quienes llegaron ayer a la ciudad y la expusieron ante los diputados.
El proyecto de ordenanza también incluye el compromiso departamental de asumir un estudio de factibilidad en el tema académico, para analizar las carreras que necesita el departamento del Cesar y la Región Caribe, las que serán implementadas cuando se instale y haga presencia.
La Universidad Nacional de Colombia será encargada de los diseños de la ciudadela y la construcción.
Para el diputado, este proyecto será de beneficio para la comunidad estudiantil del Cesar y de la Costa, porque también existe el compromiso de implementar estudios de postgrados, los que son muy escasos y costosos para los estudiantes de esta zona del país.
Consideraciones
Entre los argumentos del proyecto se establece que se promueve y fortalecen los procesos de generación de conocimiento en el departamento y en la región, que en el marco del Plan de Desarrollo y en la agenda departamental está incluida la determinación de desarrollar el mencionado proyecto académico como una oportunidad histórica que demanda la comunidad académica del Cesar y en ese apoyo existe el compromiso de adquirir el lote.
“En el marco de esta estrategia misional, la Universidad Nacional ha dirigido su mirada hacia las zonas de fronteras con el fin de generar lazos de identidad nacional y procesos de internacionalización e integración con las diferentes instituciones que operan en la zona limítrofe”, indican las consideraciones.
Menciona además que “el apoyo de la Gobernación del Cesar en el proceso de formación universitario, es importante para los estudiantes que salen a buscar opciones académicas a diversas regiones de Colombia”.
“Por sobre mi cadáver”
Es de recordar que la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, en visita realizada a Valledupar se enteró de las acciones que se adelantaban para que la Universidad Nacional tuviese una sede en Valledupar y de manera categórica se opuso a esta propuesta e indicó que eso se haría “por sobre mi cadáver”. Además propuso que los aportes a la educación universitaria deberían dirigirse a la Universidad Popular del Cesar, para su fortalecimiento.
Inviable en este momento
Para el rector de la Universidad Popular del Cesar, Abdo Barrera Mejia, la propuesta de la Administración Departamental es inviable en estos momentos y no es partidario de ella, “porque la misma UPC está careciendo de espacio físico y de infraestructura, entonces no se explica como se pretende invertir en una universidad que no es de esta zona”.
Dijo que estaba de acuerdo en que se establezcan acuerdos de postgrados con la Universidad Nacional y considera que el Ministerio de Educación no aportará recursos para crear nuevas plazas docentes, que en el caso de la Universidad Nacional está en un promedio de salario de 18 millones de pesos por docente. Ante esta situación le tocaría a la misma Gobernación aportar para el pago de profesores y demás gastos.
http://www.
A manera de respuesta a la columna ¿Quién le Teme a la Nacional?, El Pilón 18-04-08
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El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar espera que se pronuncie el Tribunal Administrativo del Cesar para trazar el cronograma de elección de Rector, conocido el auto del Consejo de Estado que inadmitió la demanda interpuesta por presunta extemporaneidad de la inscripción de tres aspirantes a la Rectoría de ese Claustro, avalada por el Tribunal de Garantías Electorales, decisión que habilita para ese cargo a Jesualdo Hernández, Raúl Bermúdez y Roberto Daza Suárez, y amplía a seis el abanico de candidatos junto a Luis Caballero, Enrique Meza y Raúl Maya. La máxima instancia contenciosa del país consideró que no es la etapa del proceso para dirimir la demanda, que deberá ventilarse después de la elección del Rector, pero antes el Tribunal Administrativo del Cesar deberá resolver en segunda instancia la actuación del Juez Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, Pedro Olivella Solano, quien mediante Pácto de Cumplimiento y en respuesta a una Acción Popular determinó anular el proceso electoral y realizar nuevas inscripciones, una especie de borrón y cuenta nueva. |